La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Casar de Cáceres, y ha imputado a otro vecino de la localidad, y otras cuatro relacionadas con empresas del sector lácteo de Badajoz, Sevilla, Toledo y Zamora por delitos de falsedad y contra el mercado y los consumidores.

Además ha intervenido y destruido 3.000 kilos de quesos, así como 23.000 etiquetas de diferentes variedades de quesos, pertenecientes a 12 marcas comerciales y utensilios y maquinaria para el etiquetaje, tratamientos y embalaje de quesos.

El valor de los quesos inmovilizados y destruidos podría alcanzar en el mercado los 30.000 euros. Sin embargo, la Guardia Civil estima que el perjuicio a los consumidores por la introducción de quesos con etiquetas falseadas podría ser de varios cientos de miles de euros.

Todo ello se enmarca dentro de la operación denominada 'Caseus', que terminó, entre otras cosas, con la localización de 4.000 quesos, parte de ellos desprovistos de etiquetas, con deficiencias evidentes, y que presentaban otras alteraciones en las fechas de consumo preferente y loteado, además de hallarse algunos caducados y en precario estado de conservación.

Las investigaciones desarrolladas pora agentes del servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil permitieron determinar que los quesos desprovistos de etiquetas procedían de dos empresas dedicadas a la elaboración de estos derivados lácteos ubicados en Casar de Cáceres.

Tras inspeccionar estas fábricas se pudo acreditar que en una de ellas el traslado y transacción de los quesos se hacía incumpliendo los requisitos legalmentes establecidos y asignándoles fechas de fabricación falsas. En la otra fábrica inspeccionada se constató también que la asignación de fechas de consumo preferente no se ajustaba en modo alguno a las fichas técnicas de los productos de esa firma comercial, excediéndose en varios meses la fecha de vida útil que realmente les correspondía.

La operación continuó durante los meses de marzo, abril y mayo, durante los que la Guardia Civil inspeccionó 14 empresas dedicadas a la elaboración de productos lácteos, nueve de ellas ubicadas en la provincia de Cáceres, y otras cinco en las provincias de Badajoz, Toledo, Sevilla y Zamora, con la finalidad de confirmar el alcance de las relaciones comerciales existentes.

En estas inspecciones se advirtieron múltiples disfunciones e irregularidades en cuanto a la utilización de sistema de loteados, e incluso la simulación de números de lotes que aún no habían llegado a ser liberados al mercado por la firma comercial que elaboraba estos productos.

En otros casos, incluso etiquetaban estos quesos con la cualidad de quesos sin gluten, cuando las industrias responsables de su elaboración en ningún caso le atribuían esta condición.

Apoyo del SES y Lucha contra el Fraude

Las investigaciones policiales se vieron sustentadas por distintos informes emitidos por los facultativos del Servicio Extremeño de Salud que acreditaban que los productos inmovilizados "estaban caducados, o en mal estado por pérdida de las cualidades organolépticas o había sido imposible reconstruir su trazabilidad... revelándose la asignación arbitraria de los números de lote y fecha de caducidad".

Los funcionarios de la Sección de Lucha contra el Fraude también indicaron que en las etiquetas se habían detectado múltiples irregularidades, calificándolas como "infracción por clandestinidad", e "infracción por fraude", de acuerdo con lo estipulado en la norma reguladora.

Como resultado de estas gestiones se produjo la detención de las tres personas que regentaban la nave ubicada en Casar de Cáceres como presuntos autores de delitos de estaba y otro relativo al mercado y a los consumidores, además de la imputación del titular de una de las empresas del sector ubicado en la misma localidad por su implicación en un supuesto delito de falsedad documental.

También se imputó a otras cuatro personas, todas ellas en su condición de administradores, apoderados, gerentes y socios de distintas empresas del sector lácteo a los que se les atribuye la comisión de sendos delitos relativos al mercado y los consumidores.

Ante estas evidencias, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura acordó el decomiso y posterior destino a destrucción de todos los quesos inmovilizados, exceptuándose aquellas partidas en las que pudo acreditarse su origen lícito. La destrucción de casi 3.000 quesos se realizó en las isntalaciones del ecoparque de Cáceres.