El último pleno ordinario del año aprobó ayer la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI. A partir de 2023 las viviendas propiedad de la Junta de Extremadura, ubicadas en el municipio, contarán con una bonificación del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles.
En la localidad, según el área de Urbanismo, existen alrededor de 45 viviendas públicas que son alquiladas por casareños. Hay que recordar que siete de ellas se encuentran en proceso de adjudicación.
El portavoz del Partido Popular, José Lorenzo Rocha, se mostró sorprendido por esta medida e hizo alusión al gravamen del 50% en el IBI que el equipo de gobierno puso a las viviendas deshabitadas a partir del año 2020. De este incremento sólo están exentas las viviendas que se han puesto en alquiler por parte de los propietarios.
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