Polémica en el pleno por la posible retirada de la Cruz de Los Caídos

En el punto de ruegos y preguntas, el portavoz del Grupo Popular, José Lorenzo Rocha, manifestó al alcalde su contrariedad con esta idea porque, según dijo, atenta contra la libertad ideológica y hiere sensibilidades. Asimismo le pidió que presente algún informe científico en el que se deje claro que esa cruz fue un vestigio del régimen franquista.

El primer edil, Rafael Pacheco, alegó que la decisión de la retirada dependerá de la evaluación que aporte una comisión de expertos. Hasta entonces no vamos a hacer nada pero se dialogará con todo el que tenga posturas razonables que aportar, indicó.

El propio alcalde deberá firmar una Declaración responsable, que ha recibido de la Diputación de Cáceres, para mantener el compromiso, al igual que en el resto de pueblos de Cáceres y Badajoz, de la supresión de cualquier vestigio de la época franquista. Si este Ayuntamiento mantiene vestigios no recibiría más ayudas de la Diputación Provincial, puntualizó.

El líder de la oposición apuntó que ni existen los equipos de expertos formados para realizar el catálogo de vestigios ni ese propio catálogo, por lo que le recriminó que si lo hace será decisión como alcalde. Hay dos cosas que un político no puede hacer, una es hacer el ridículo y otra dividir a su pueblo, matizó.

En este sentido, Pacheco defendió la postura de apoyo continuo del Ayuntamiento con la iglesia. En su opinión la Cruz de Los Caídos no es un símbolo de ninguna religión si no de una dictadura. Así defendió la protección de las catorce cruces ubicadas desde la parroquia hasta la ermita de La Soledad, que forman parte del patrimonio histórico del municipio.

También recordó las conversaciones mantenidas con la parroquia para rehabilitar el retablo y conseguir que sea declarado como un Bien de Interés Cultural, al igual que su implicación con la restauración de imágenes realizadas por la Cofradía de la Vera Cruz el pasado año y en el que dieron una aportación de cerca de 5.000 euros para la imagen de La Sentencia.

En la sesión plenaria se aprobó también una moción presentada por el grupo socialista para la adhesión a la Red de Memoria y de prevención del fascismo. Nunca Más. La propuesta se hace tras conocer que un casareño, Manuel Andrada Rey, nacido a finales del siglo XIX, fue deportado a un campo de concentración nazi y falleció allí en 1941. Se merece nuestro respeto y recuerdo de esta Corporación municipal, aclaró el concejal Julián Tovar.

De esta forma se podrían conocer más datos de este casareño, así como hacer participar a los estudiantes del IESO Vía de la Plata en actividades de sensibilización, divulgación y prevención del fascismo para conseguir una sociedad más justa, solidaria, tolerante y libre de fascismo.

Asimismo se pretende colocar una placa conmemorativa del vecino deportado y conseguir toda la información posible sobre su vida. Sabemos aún muy poco aunque hemos localizado en Asturias a una nieta suya, señala Tovar.

Los populares votaron en contra de la aprobación de esta moción.