Polémica por el traspaso del albergue rural Vía de la Plata

Según ha informado el Ayuntamiento, tras celebrarse la mesa de contratación con las propuestas, la cesión para un periodo de dos años es para José Ignacio Galindo Flores. Su gestión debería haber comenzado el pasado 1 de julio, pero un desacuerdo entre el anterior regente, que se ha negado a cesar en el puesto, y el Consistorio ha provocado la paralización del nuevo contrato.

Hace dos meses el Ayuntamiento envió una carta al anterior adjudicatario en la que le anunciaba la rescisión del contrato con fecha 30 de junio. Se han hecho inversiones nuevas en las instalaciones que incrementan el valor de las mismas y creemos que lo justo era sacarlo a concurso, aclara el alcalde Rafael Pacheco. Las mejoras se han realizado principalmente en la construcción del quiosco y bar de la piscina, y de cuyo servicio también ha correspondido al albergue en las dos últimas temporadas de baño, además de ésta.

El que hasta ahora ha sido el arrendatario, Guillermo Sánchez, respondió a dicho escrito también con una carta en la que hacía constar que jamás han propuesto subida alguna y jamás recibí comunicación alguna al respecto, y han tomado una decisión unilateral que daña gravemente mis derechos como inquilino dejándome en la más absoluta indefensión después de las inversiones realizadas también por mí.

Además, expone en el escrito que me he visto obligado a explotar el bar de la piscina por indicación de ustedes y sin licitación pública y asumiendo el pago de la luz del mismo. En este sentido, Sánchez sentenciaba en la misiva su desacuerdo con la decisión tomada por el Ayuntamiento de rescindir el contrato (establecido por cuatro años y prorrogable con carácter anual) y anunciaba que recurriré a los órganos judiciales para defender mis legítimos derechos.

A día de hoy, el antiguo arrendatario (que ha gestionado desde el 19 de junio de 2015 este establecimiento) sigue ofreciendo sus servicios en el albergue, con los horarios habituales.

Ante su negativa de dejar el local, el Ayuntamiento ha anunciado el inicio del procedimiento de desahucio judicial a través de la Diputación Provincial. Tendrá que asumir los perjuicios económicos que está ocasionando al nuevo adjudicatario ya que le impide realizar su gestión desde el pasado 1 de julio, ha precisado el primer edil.