Nuevas trifulcas entre gobierno y oposición por la residencia de mayores que frena su ritmo por un problema burocrático

Ayer, la alcaldesa Marta Jordán emitió un comunicado en el que acusaba al anterior alcalde, Rafael Pacheco, y a su equipo de ocultar un informe de sostenibilidad que el Ministerio de Hacienda emitió con resultado desfavorable. Quedó registrado en el Consistorio el 5 de junio de 2023, y según indican desde el Ayuntamiento es un documento necesario para la ejecución de este proyecto siguiendo los trámites legales.

Las alarmas en el Consistorio saltaron el pasado 14 de agosto cuando la alcaldesa conoce de manos del Secretario municipal la existencia de ese informe, y es a partir de ese momento cuando inicia las conversaciones con distintos organismos públicos para dar una solución. Tras desavenencias entre ambos grupos, fue ayer cuando la regidora, a través de las redes sociales, rindió cuenta a la ciudadanía casareña. «El Ayuntamiento tenía que realizar una serie de documentos e informes que presentar al Ministerio de Hacienda para poder llevar a cabo la petición de préstamos para la construcción de la Residencia, ya que el Ayuntamiento no disponía del dinero para hacerla», resalta.

Jordán, expresó que el comunicado servía para que los vecinos conocieran los detalles de la situación actual. «A prisas y a carreras preparan documentos incompletos, informes superfluos, es decir: mintieron en informes y documentos que enviaron al Ministerio de Hacienda». Según ha manifestado a Hoy Casar, esta actuación estuvo motivada por «interés político» por la proximidad de las elecciones de mayo de 2023. «Y sin esperar (como bien sabían tenían que esperar a la respuesta del Ministerio), al igual que sabían que lo habían hecho mal, se armaron de prepotencia, cosa que les ha caracterizado siempre y pensaron: ¡si empezamos las obras de la residencia, ganamos otra vez y tapamos todo esto!».

La regidora alega que sin ese informe, el anterior equipo de gobierno no podría haber pedido a los bancos los dos millones de euros que faltaban para asegurar la ejecución de la segunda fase de la residencia. Así lo hizo constar en una sesión plenaria la secretaria que ejercía sus funciones en un pleno de septiembre del 2022, pero el PSOE levantó el reparo con todos los votos a favor de su grupo y se centraron en la negociación del préstamo. «Ocultaron la verdad, ocultaron el reparo, ocultaron la legalidad y siguieron adelante, ya que sabían que en esos meses como ellos gobernaban y manejaban todo a su antojo podrían ocultarlo hasta mínimo las elecciones, a la misma vez que anunciaban la obra de la nueva residencia, la sacaban a licitación y se echaban fotos con el comienzo de las obras», puntualiza en sus redes.

Por su parte, el grupo de la oposición ha utilizado las redes sociales del PSOE para dar su versión sobre estos hechos y ha señalado que «se trata de una excusa de la alcaldesa del PP para justificar la próxima paralización de la obra de la residencia».

En su escrito la oposición manifiesta que «se le dejó dinero en las arcas municipales y la segunda fase en ejecución, la cual ya debería estar terminada, pero a día de hoy nos encontramos con una injustificada paralización de la obra. Es incomprensible que, mientras nos insulta por redes sociales, nos llame y ruegue por teléfono nuestra ayuda para solucionar estos problemas».

El comunicado también hace referencia a que «la ciudadanía casareña está cansada ya de tanta excusa. Siempre hay algo o alguien a quien culpabilizar. Lo que debe hacer la señora alcaldesa es dar y ofrecer soluciones y no buscar, permanentemente, culpables ante su ineficacia, su falta de planificación y la pésima gestión que ofrece ante cualquier eventualidad que surge».

Sobre la necesidad de haber esperado al informe de sostenibilidad del Ministerio de Hacienda para dar continuidad al proyecto de la residencia, el PSOE destaca que «defendió que no era necesario porque la legislación autonómica nos amparaba y porque no se trataba de una nueva competencia, ya que llevamos desde hace más de cuarenta años gestionando los pisos tutelados o el Centro de Día, como la mayoría de los Ayuntamientos de Extremadura, por lo que entendemos que los casareños y casareñas tienen el mismo derecho que los demás a tener una Residencia pública para personas mayores».

Pacheco también ha manifestado a este diario que, a día de hoy, siguen a la espera de conocer el modificado de la obra, que deberá aprobarse en sesión plenaria. La alcaldesa ha confirmado que ese modificado antes no se había podido realizar porque los presupuestos no estaban aprobados.

Además, Jordán acusa a Pacheco de tener «arremangarnos y buscar las soluciones para continuar con la obra». En este sentido la alcaldesa ha matizado que «a nadie le quepa ninguna duda de que lucharemos hasta el final, con la legalidad siempre por delante para que la residencia esté finalizada, pero no nos vamos a saltar la ley, no vamos a ocultar los informes, no vamos a mentir, ni tampoco vamos a prevaricar, ni a falsear documentación y mucho menos, ser cómplices de las irregularidades que otros hayan cometido. El que la haga, que la pague».

De forma paralela ha manifestado a Hoy Casar que llevará a cabo acciones legales contra el anterior alcalde por este asunto. Sobre esto los socialistas han resaltado que «ante las insinuaciones de ilegalidad vertidas hacia el anterior equipo de gobierno, como nueva defensa ante la inoperancia de la alcaldesa, le pedimos que vaya al juzgado a denunciar cualquier irregularidad si tiene constancia de ello».

La alcaldesa dio a conocer lo sucedido a la empresa concesionaria de la construcción, la UTE formada por Sevilla Nevado y Cotodisa Obras y Servicios. El próximo jueves se celebrará una sesión plenaria con carácter extraordinario en la que se llevará a cabo una ampliación de plazos de la obra, con el fin de que la UTE puede realizar las certificaciones de los trabajos realizados hasta la fecha y puedan ser abonados. A día de hoy, no existe un problema financiero para la viabilidad del proyecto, ya que según el acta de arqueo dado a conocer por el Ayuntamiento tiene disponibles para la finalización de la residencia un total de 3.382.523,36 de euros. HOY Casar de Cáceres ha intentado contactar con responsables de la UTE para conocer cómo les afecta esta nueva situación, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

Hay que recordar que el 28 de diciembre de 2020 se aprobó en pleno el proyecto de construcción de la residencia de mayores, su viabilidad urbanística y la disponibilidad de los terrenos. También se daba luz verde a la contratación de la primera fase por un importe de 598.000 euros. Tiempo después se hizo una ampliación de 140.000 euros más para la finalización de los trabajos. El 2 de diciembre de 2022 la Mesa de contratación adjudicó la segunda fase de las obras a la UTE por importe de 3.508.515 euros más impuestos aparte. El acta de inicio de obras se firmó en febrero del pasado año. En aquel momento el periodo establecido para su ejecución se estimó en aproximadamente nueve meses. Sin embargo, a día de hoy, se desconoce una fecha exacta de cuándo el proyecto será una realidad para dar atención a un total de 72 usuarios.