La Policía Local denuncia a 72 menores por consumo de alcohol en el Carnaval

Las multas llegarán a sus casas en unos días a través de la Junta de Extremadura, y según indican los agentes oscilan entre los 600 y los 3.000 euros. «Estamos a la espera de la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de Seguridad Ciudadana, pero hemos actuado según el artículo 14.2 de la Ley 5/2018 de la Junta de Extremadura», explican.

En total seis agentes se encargaron de controlar el consumo de alcohol en menores. «Algunos nos decían que el alcohol se lo habían comprado sus padres, en muchos casos estaban asustados al ver que poníamos la multa y todos desconocen la cuantía», añaden. Esa noche los servicios sanitarios tuvieron que atender a una treintena de menores por ingesta excesiva de alcohol, algunos de ellos con intoxicaciones graves fueron trasladados en ambulancia hasta el centro de salud.

Todas los identificados estaban fuera de la caseta. «Al interior no podíamos acceder porque había muchísima gente», indican. Había vigilantes de seguridad que controlaban que nadie accediera al interior con cristales, para evitar incidentes innecesarios.

Esa noche llegaron a la localidad centenares de jóvenes procedentes de la capital y otros pueblos, animados por la fiesta en la caseta. Con esta actuación los agentes pretenden que los menores sepan que «beber alcohol trae consecuencias y sus padres deben saberlo, así lo mismo se lo piensan antes de venir de fiesta y volver a beber».

Sin embargo, la Policía destaca que no se produjeron incidentes graves en cuanto a peleas y enfrentamientos de jóvenes, ni dentro ni fuera de la caseta municipal. Aún así, los agentes creyeron conveniente paralizar la fiesta antes del horario previsto. «A las 5.30 horas pedimos a la empresa de sonido que parara la música», apuntan.

Otras de las actuaciones que se llevaron a cabo durante esa madrugada fue la identificación de 55 personas que estaban miccionando en la vía pública. Se trata de otra de las normas que se incluyen en la nueva ordenanza reguladora aprobada en el pleno ordinario de Casar de Cáceres el pasado 30 de enero.