Una sentencia condena al Ayuntamiento a pagar 66.500 euros a los propietarios de una parcela en El Monte

En el año 2010, los ejecutantes, tres hermanos que habían adquirido de sus padres una parcela de 10.000 metros cuadrados, pidieron al Consistorio que determinara el espacio de su parcela, que está ubicada junto a la subestación eléctrica de Iberdrola. Sus padres la habían comprado en abril de 1975. En el contrato inicial, según se detalla por la Audiencia Provincial, el ayuntamiento de aquella época hacía constar que la parcela era para «la construcción de chalet y zona de recreo», y se consideraba suelo urbano.

Con el paso del tiempo, y el cambio de leyes, en la actualidad la parcela se ubica en suelo rústico, y los propietarios mostraron su desacuerdo, ya que no se les permitía construir. Comienza así un largo proceso judicial. «Es una parcela que se vende en 1975 a sus padres, y posteriormente sus hijos quieren regularizarla y piden al Ayuntamiento que se segregue y se le escriture su parte», explica el alcalde Rafael Pacheco.

En el año 2014 hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que exige que se otorgue escritura pública y se segregue dicha parcela. «En aquel momento ellos no quisieron firmar las escrituras porque era suelo rústico y no urbano, y no podrían construir, y ahora la sentencia que nos llega es de indemnización de daños y perjuicios por no poder construirse ellos una vivienda», apostilla el regidor casareño.

Recuerda que en el año 2017, ya en el notario, la familia no se presentó por no estar de acuerdo. El Juzgado, el 21 de enero de 2019, determina la imposibilidad de ejecución de la sentencia de 6 de febrero de 2014, por lo que se continuó el procedimiento para determinar la valoración de la indemnización de daños y perjuicios por no poderla ejecutar.

A primeros de este año el Juzgado dio un plazo de 15 días para pagar la cuantía. Sin embargo, Pacheco señala que «ha sido necesario hacer una modificación de crédito con cargo a remanente pero no podremos pagar hasta que no estén liquidados los presupuestos del pasado año».

El Partido Popular recriminó al alcalde su «mala gestión» por la condena, y alegó que «lo van a pagar todos los casareños». El alcalde respondió indicando que todo procede de la venta realizada por un alcalde en el año 1975 y, a su juicio, «es una barbaridad de sentencia».